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Comunicado sobre el trabajo del Congreso argentino en tiempos de COVID-19

Es imperativo que el Congreso de la Nación se ponga en pleno funcionamiento y, por supuesto, que, para ello, construya los consensos políticos que legitimen las decisiones, movilicen los recursos necesarios para poner en marcha de manera segura el trabajo remoto y garanticen la transparencia en los procesos de toma de decisión.

El momento es ahora. Pasadas seis semanas desde que la OMS declaró al COVID-19 como pandemia, el Estado nacional argentino tomó alrededor de  60 medidas para enfrentar el coronavirus. Lo hizo a través de diversos dispositivos, todos dictaminados por el Poder Ejecutivo (decretos de necesidad y urgencia, resoluciones y disposiciones). Esta situación responde al carácter de urgencia y emergencia que desató la crisis sanitaria. Sin embargo, pasadas las primeras semanas, se vienen tiempos de medidas e iniciativas que requieren del acompañamiento y el diseño de múltiples sectores. Ante esta situación, el Congreso tiene un rol clave como articulador de consensos de distintas fuerzas políticas.

Hasta el momento, el Congreso centró su actividad legislativa en reuniones de comisión con funcionarios del Ejecutivo para que informen al cuerpo respecto de las medidas (asumidas o a implementar) de cara a la pandemia. Sin embargo, la agenda legislativa aún no contempló el tratamiento de proyectos de ley para modificar el escenario regulatorio nacional y brindar respuestas a los problemas que atraviesa el país producto de la crisis.

Como en otras esferas, la oportunidad ha traído aparejada una serie de desafíos para (re) pensarse en modalidad digital. En el caso del trabajo legislativo, la discusión no es sólo tecnológica, también es política. ¿Se puede replicar la dinámica política del debate legislativo en el entorno virtual? ¿Cómo lograrlo y con quiénes? Además de debatir sobre el uso de la tecnología en este contexto, debemos tener en cuenta la construcción de acuerdos amplios respecto de la validación de esta modalidad, así como la confianza en que estos instrumentos van a garantizar la transparencia y la participación de todas las fuerzas políticas. 

Esto no implica que si no están todos de acuerdo, el Congreso no debería funcionar hasta que se levanten las medidas de distanciamiento social. Esto quiere decir que el primer acuerdo debería consistir en que el Congreso funcione y que las sesiones virtuales no sean la única alternativa. En el informe sobre el trabajo de los congresos americanos en tiempos de COVID.19, que oportunamente compartimos a legisladores, funcionarios y asesores, exploramos el trabajo de los congresos, avanzando en formatos remotos, pero también en modalidades mixtas, presenciales y virtuales.

Las reformas a los reglamentos o protocolos siempre deben incorporar estándares de transparencia legislativa, pero en este contexto se pone una vez más de manifiesto su relevancia. Por ello, creemos que resulta fundamental:

1. Incorporar cláusulas en el protocolo o reglamento que garanticen el cumplimiento de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, tanto en lo relativo al capítulo de Transparencia Activa como a las solicitudes.
2. Asegurar la identidad del legislador al acreditar su presencia en una reunión de comisión o sesión al firmar o dictaminar proyectos, y en el momento de votación en el pleno. Garantizar la inviolabilidad del sistema electrónico que se emplee para tal fin en caso de tratarse de sesiones remotas.
3. Publicar en formatos abiertos y de manera oportuna toda decisión tomada en las reuniones de comisión, sesiones y toda información que sea de interés para la ciudadanía (dictámenes, registros de asistencia, actas, versiones taquigráficas).
4. Transmitir en vivo todas las reuniones de comisión y las sesiones con una difusión oportuna de días, horarios, temas a tratar y lista de invitados si los hubiera. En caso de reuniones en simultáneo, garantizar su transmisión en vivo. A su vez, debe garantizarse que todas queden en un repositorio, al igual que las versiones taquigráficas. 

El escenario crítico que enfrentamos llevó a que se revean discusiones reglamentarias sobre cómo pueden y deben trabajar las cámaras. Reactivó la Comisión de Modernización en la Cámara de Diputados e incluso hizo que la Presidencia del Senado eleve a la Corte Suprema un recurso para obtener una acción declarativa de certeza sobre las votaciones virtuales. Estos espacios de discusión necesariamente deben seguir abiertos, discutiendo las reglas de juego del Congreso, porque más allá de lo virtual, que hoy nos convoca y es urgente, hay muchas deudas pendientes y los reglamentos de ambas cámaras necesitan reformas que hagan el trabajo legislativo más eficiente, ágil, participativo y transparente.